Protección jurídica que prohíbe devolver o expulsar a una persona a un país donde existen motivos fundados para creer que sería sometida a tortura, en virtud de obligaciones internacionales que prohíben la tortura y los tratos crueles o degradantes.

Principio

La no devolución frente a la tortura es absoluta: los Estados no deben exponer a ninguna persona a un riesgo real de tortura, independientemente de su situación penal o migratoria, siendo una norma imperativa del derecho internacional.

Demostración

Una persona aporta pruebas creíbles de que agentes estatales o actores que actúan con aquiescencia estatal probablemente la torturarían tras su retorno; el decisor concluye que el riesgo cumple el estándar aplicable y prohíbe la deportación.

Aplicación incorrecta

Exigir prueba de tortura pasada o interpretar el estándar tan estrechamente que se desestimen los tratos graves previsibles, permitiendo así la devolución a un riesgo sustancial.

Consecuencia

Aplicada correctamente, la protección implica una prohibición absoluta o casi absoluta de devolver a la persona al Estado que la somete a tortura, con derecho frecuente a permanecer y a ciertas protecciones, sin conferir necesariamente el estatus de refugiado.

Inversión

Devolver a una persona ante la previsibilidad de tortura viola irreparablemente la prohibición fundamental de la tortura y puede acarrear serias responsabilidades legales y condena moral para el Estado que realiza la devolución.

Límite

Abarca la tortura o tratos que alcancen la definición jurisdiccional de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y puede aplicarse aun cuando no existan motivos persecutorios; no equivale automáticamente al estatus de refugiado y suele depender de la responsabilidad o aquiescencia estatal.

Tensión semántica

Hay tensión entre la barrera generalmente absoluta contra la devolución por tortura y otras formas de protección que son discrecionales o limitadas; también existen debates sobre el grado de implicación estatal exigible frente a amenazas de actores no estatales.

Síntesis

La Protección en Virtud de las Obligaciones Anti-Tortura es una prohibición imperativa basada en derechos que impide devolver a una persona a la tortura; está fundada en normas internacionales y actúa junto a los regímenes de asilo y suspensión de la deportación para prevenir tratos graves al retorno.